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La Agencia Tributaria denuncia la financiación ilegal del PP en Madrid

“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.

Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación.

Documentos de Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).

El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.

Documentos de Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).

En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.

La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.

Documentos de Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600 euros).

Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.

Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.

Visto en El País

Cuentas investiga al PP gallego por recibir 231.400 euros de anónimos

El Tribunal de Cuentas estatal está investigando los ingresos por donaciones del PP durante 2007. Ese año se cambió la ley de financiación de partidos políticos para prohibir los ingresos anónimos. Pese a ello, con la nueva norma ya en vigor el PP recibió de donantes no identificados 231.400 euros, todos ellos en Galicia, que serán objeto de “seguimiento” por parte del órgano fiscalizador. También el PSOE ingresó donaciones no identificadas tras el cambio de la ley, 52.500 euros repartidos entre Galicia y la Comunidad Valenciana. En principio, Cuentas no someterá a los socialistas al mismo “seguimiento” que a los populares.

La Ley 8/2007 de financiación de partidos políticos por la que se prohibieron las donaciones anónimas entró en vigor el 6 de julio de ese año, poco más de un mes después de las elecciones municipales. Hasta ese día el PP había ingresado en toda España 2,37 millones de euros anónimos, pero en lo que restó de año recibió otros 231.400 euros sin identificar. Para el Tribunal de Cuentas, que acaba de emitir el informe de fiscalización de partidos correspondiente al año 2007, ese ingreso “producido en la sede regional de Galicia” incumple la ley.

Cuando el órgano de control pidió explicaciones al PP se le respondió que, aunque se abrieron nuevas cuentas, como exige la ley, para ingresar en ellas las donaciones identificadas, “paralelamente se mantuvo abierta la antigua cuenta de donativos, lo que ocasionó que se siguiesen recibiendo ingresos de los que desconoce su origen e identidad”.

“A raíz” de la investigación el PP apartó el dinero y busca a los donantes

En su respuesta el PP culpó a la entidad financiera por no identificar a los donantes, lo que “ha impedido la retrocesión de las aportaciones recibidas”. Pero el partido también “justifica la existencia de estos donativos hasta el cierre del ejercicio al interpretar que durante todo el año 2007 existía flexibilidad para adaptarse a la nueva norma, motivada por la dificultad de detener la práctica habitual inmediatamente y por la exigencia de trámites internos”. Esas dificultades no se registraron en el resto de España, sino únicamente en el PP gallego, entonces en su etapa de menor poder con la Xunta y las ciudades en manos de bipartitos conformados por PSdeG y BNG.

Cuentas indica que “a raíz” de su investigación los populares iniciaron “un proceso de identificación” de los donantes anónimos y que mientras “se va a proceder a la apertura de una cuenta bancaria diferenciada por el importe del saldo pendiente de identificar”. El Tribunal de Cuentas advierte de que vigilará esa cuenta.

El PSOE ingresó 52.500 euros irregularmente en Galicia y Valencia

El PP gallego confirma que lo ingresado indebidamente sigue apartado en una cuenta controlada desde la sede central del partido en Madrid. Los populares aseguran que allí seguirá a disposición del Tribunal de Cuentas mientras intentan identificar su origen, tarea que reconocen compleja cinco años después.

Por su parte el PSOE, que en la primera mitad de 2007 había ingresado 1,2 millones en donaciones anónimas, también siguió recibiéndolas tras la entrada en vigor de la ley que las prohibe. Y también Galicia es protagonista, aunque de forma compartida con Valencia. Cuentas cifra en 52.500 euros los ingresos ilegales entre ambas federaciones, pero no detalla la cuantía de cada una.

En este caso, a diferencia del PP que ingresó el dinero “hasta el cierre del ejercicio”, el PSdeG habría recibido los regalos anónimos “fundamentalmente” en el mismo mes de julio en que entró en vigor la norma. “El partido ha justificado que los ingresos anónimos efectuados se deben a un error involuntario producido por el retraso en la aplicación de la nueva normativa”, se limita a consignar el órgano de fiscalización en su informe. El Tribunal de Cuentas no detalla si los socialistas también están investigando la procedencia del dinero, si lo han apartado como los populares o si el propio órgano fiscalizador realizará el “seguimiento” que anuncia para el PP. El PSdeG tampoco pudo indicar ayer qué ha hecho con ese dinero ingresado de manera ilegal.

Por último, Cuentas indica en su informe que el BNG solo recibió un donativo anónimo en 2007: 60.000 euros antes de que la ley lo prohibiera.

Visto en El País

El PP rechaza una proposición de ley de Compromís para regular los regalos a altos cargos de la Generalitat

El PP en las Corts ha rechazado la proposición de ley de Compromís para regular el régimen de los obsequios y de los registros de obsequios y atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de las administraciones públicas valencianas. El Consell ya mostró su criterio contrario a esta medida por considerar que ya está “exhaustivamente regulado”, así como porque los usos sociales y de cortesía “son conceptos jurídicos indeterminados”.

   La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido esta propuesta y, según ha dicho, los países del entorno de España han regulado estas situaciones y han limitado la recepción de regalos a un valor de 40 libras en el caso de los ministros británicos o de 300 euros en Italia.

   Oltra ha recordado que el exvicepresidente del Consell Víctor Campos ha sido condenado por “recibir regalos” y el expresidente Francisco Camps fue juzgado por el mismo motivo, aunque fue absuelto —por el caso de los trajes derivado del ‘caso Gürtel’—. En esta línea, ha advertido de que “todos los casos de corrupción en la Comunitat tienen en sus sumarios casos de regalos a autoridades”.

   Por otro lado, ante el criterio contrario del Consell a esta ley argumentado que no conlleva memoria económica y que puede comportar un incremento de gasto en el ejercicio, Oltra ha apuntado que el control “puede ser caro, pero más cara es la corrupción”.

   Por su parte, el diputado del PP José Marí ha defendido que en la lucha por la transparencia “estamos todos”. Asimismo, ha argumentado que la proposición “excede a lo que tiene que regular la ley” porque “no puede descender al detalle” del uso social de la recepción de regalos.

   Marí también ha apuntado que el Gobierno central prepara una Ley de Transparencia que regulará estas cuestiones y que la actual normativa contempla el uso social que supone la recepción de regalos, ha dicho. Ante esto, Oltra le ha recriminado que el término de uso social es “muy amplio”, tanto como el del decoro, ha dicho en relación a la próxima regulación del uso de las camisetas en las Corts.

   El diputado del PSPV Rafa Rubio ha hecho hincapié en que en el programa electoral del PP en las elecciones de 2011 contemplaba una medida para que la Generalitat creara un registro digital para publicarlo en la web institucional de los regalos de los altos cargos de la administración pública. Sin embargo, dicha publicación, “¿dónde está?”, se ha preguntado.

   Rubio ha considerado que los argumentos del PP para votar en contra de esta iniciativa son “excusas” porque “no quieren que los ciudadanos sepan qué se recibe y a cambio de qué”. De la misma manera, la diputada de EUPV Esther López ha advertido de que, al no aprobarse esta iniciativa, quiere decir que aquellos que la han rechazado —en alusión a los ‘populares’—, “todavía tienen cosas que esconder”.

   La diputada de Compromís y los diputados de la oposición que han intervenido, han recordado el caso del bolso de Louis Vuitton a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el sumario del ‘caso Gürtel’, o el coche a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el marco del ‘caso Brugal’. Con este registro, “podrán seguir recibiendo regalos” pero los ciudadanos conocerán su origen, ha apuntado Oltra.

Visto en EuropaPress

PP, PSOE e IU se oponen a que fiscalicen sus cuentas desde el año 2000

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Madrid(PP, PSOE, IU y UPyD) han votado a favor en el Pleno de que se le dé publicidad a los gastos del dinero que reciben y que se fiscalicen sus cuentas. Eso sí, todos menos UPyD han dicho no a que se examinen sus cuentas desde el año 2000 por la Intervención General del Ayuntamiento, el máximo órgano fiscalizador municipal. “Estamos a favor del control interno, como es normal”, dijo el portavoz de los ‘magenta’.

La delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, aseguró que la Intervención General “no pide” que se examinen las cuentas desde 2000. “Las cuentas las tienen los grupos”, justificó. Dijo que el de Madrid es uno de los gobiernos “con unos niveles de transparencia más alto de la democracia”.

Además, anunció la aprobación “de una serie de medidas para mejorar” pero no lo precisó. Dancausa intentó echar por tierra la idea de los ‘magenta’ de que no ha habido control. “Ya estaban -las cuentas- a disposición del Pleno que no lo ha pedido. Creo que ustedes de tanto hablar de principios lo que buscan es un titular”, les reprochó.

Desde IU, su portavoz de Hacienda, Jorge García, dijo que están conformes con la transparencia de los fondos públicos y puso a disposición de todos los que lo soliciten los números de su formación desde 2000. Finalmente, la portavoz de Hacienda del PSOE, Noelia Martínez, arremetió contra UPyD por “creerse que la transparencia y la democracia” ha llegado con ellos. Negó que las cuentas de los grupos municipales no se hayan fiscalizado por que, dijo, que sí lo ha hecho la Cámara de Cuentas de Madrid y el Tribunal de Cuentas. Pese a todo, lo cierto es que desde 2000 el Ayuntamiento de Madrid no fiscaliza los gastos que hacen los grupos municipales.

Por lo demás, en el momento en el que se apruebe el nuevo reglamento de orden interno quedará recogido la obligación de los partidos de rendir cuentas ante la Intervención General y que se publiquen sus números en la web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, según recoge el borrador del documento que adelanta hoy EL MUNDO.

Visto en El Mundo

Baltar ratifica los contratos que dejó preparados su padre para seis parientes de cargos del PP

El mismo día en que José Luis Baltar se despedía de la presidencia de la Diputación, el pasado 27 de enero, el tribunal calificador de dos procesos de selección de personal publicaba la propuesta de nombramiento de diez personas en la plantilla de la institución, al menos seis de ellas con algún tipo de relación con el PP. El expresidente de la entidad dejaba así encauzadas esas contrataciones, pero quedaba un trámite que debía cumplimentar su sucesor, que es su hijo, José Manuel Baltar. Finalmente, no hubo sorpresas y el nuevo máximo responsable de la Diputación publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto de nombramiento de esas diez personas, que deberán tomar posesión de su plaza en menos de un mes y después la tendrán en propiedad.

Dos de esas contrataciones destacan sobre el resto porque corresponden a parientes de dos de los quince diputados provinciales que apoyaron el relevo de Baltar hijo al frente de la institución. Uno es hijo del portavoz del PP, Plácido Álvarez, y otra es sobrina del alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, que además preside el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), un organismo dependiente de la Diputación.

El listado de nuevos contratados con relaciones con el PP se completa con una hija del alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, una nieta del teniente de alcalde popular de Sarreaus, la esposa de un concejal de Maside y una mujer de Vilamarín que fue delegada en el congreso provincial que elevó a José Manuel Baltar a la presidencia del PP ourensano en el año 2010. En estos momentos la Diputación tiene abiertos procesos de selección para otras once plazas.

Visto en La voz de Galicia

El PP recupera el sistema de tasas judiciales del franquismo, que suprimió el PSOE en 1986

Gallardón pone ‘la guinda que faltaba’ a la reforma laboral: los trabajadores tendrán que pagar para recurrir las sentencias

En los años 50, en lo más duro del franquismo, se impuso el sistema de tasas judiciales que penaba el acceso de los ciudadanos a la ley. Claro, que aquello era una dictadura y los impuestos que recaudaba el Estado le llegaban en gran medida por contribución indirecta, ya que la recaudación por la renta era prácticamente inexistente. Un sistema al que puso fin en el año 1986 el Gobierno de Felipe González con una doble idea, más ajustada a un Estado democrática y moderno: facilitar el acceso a los tribunales de los ciudadanos, y que la Justicia se financiara con cargo a los Presupuestos Generales, alimentados con los impuestos que pagamos todos.

En el año 2002 ya José María Aznar dio un primer tijeretazo a esta situación. Entonces, primer periodo de la derecha en el poder, el Gobierno decidió recuperar las tasas, eso sí, tan sólo en los ámbitos civil y contencioso administrativo, y aplicado a las personas jurídicas, es decir, a empresas y bancos principalmente. Dejó fuera del pago de tasas, que no es otra cosa que decir, sin pagar por tener acceso a la justicia, a las personas físicas –los ciudadanos particulares- y los asuntos laborales y penales.

Gallardón completa el ciclo de tasas judiciales que comenzó a imponer Aznar. Ahora todos los ciudadanos tendrán que pagar para acudir a la Justicia, sea cual sea el ámbito de su demanda, con la lógica excepción del ámbito penal.

Noticia completa El Plural.

El Gobierno podrá imponer el nuevo presidente de RTVE

El Gobierno rompe el consenso sobre la televisión pública.  La elección del presidente de RTVE no necesitará de una mayoría cualificada en el Congreso de lo Diputados sino de que bastará con una mayoría absoluta. Con esta reforma, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, echa por tierra la reforma que aprobó su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, para desgubernamentalizar la televisión pública.

A través de un real decreto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, el Gobierno suprime la obligación de que el presidente de RTVE sea elegido por dos tercios de la Cortes. Esta circunstancia exigía que  los dos partidos mayoritarios acordaran el nombre del presidente de la corporación estatal. Ahora, el PP no tendrá necesidad de pactar con ningún grupo.

Con esta modificación de la ley, el PP  echa por tierra uno de los avances más significativos en la historia de la televisión pública. En 2006, la ley de reforma de RTVE suprimió la designación a manos del Gobierno del máximo dirigente de la radiotelevisión estatal y dejó esa tarea en manos del Parlamento.

Este cambio legislativo se produce en un clima de ataque directo de los dirigentes del PP a la cadena estatal. Sobre todo, a sus informativos, a los que califican de “sectarios”.

En los últimos meses, el PP ha redoblado sus ataques a RTVE, cuestionando la “ingobernabilidad” de la corporación. Desde el pasado julio, cuando presentó su dimisión el entonces presidente, Alberto Oliart,  está gestionada por un Consejo de Administración que actúa de manera asamblearia.  Los miembros de este organismos asumen la presidencia no ejecutiva de manera rotatoria, un mes cada  uno.

El Consejo de RTVE ha sufrido, además de la baja de Oliart, la salida de dos consejeros: el de CCOO y uno de los cuatro que tiene el PP. De los 12 miembros quedan nueve. La mitad de ellos ha terminado su mandato hace más de dos años.

El consenso entre el PP y el PSOE hizo posible el nombramiento en 2006 de Luis Fernández. Fue el primer presidente de RTVE salido del Parlamento. Tres años después, un nuevo pacto entre ambos partidos, permitió la designación de Alberto Oliart. Pero la falta de acuerdo ha impedido la renovación de la mitad del Consejo de Administración y también cubrir las vacantes de los consejeros dimitidos.

NOTA PERSONAL: Esto, no significa nada más que por fin instauran la CENSURA en la televisión y radio públicas. El presidente de RTVE será elegido por el partido en el poder y de ahí hacia abajo extender su ideología a los programas de RTVE.

Visto en El País

Promesas incumplidas de Mariano Rajoy

12 de Mayo de 2010. Congreso de los Diputados. José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que congela las pensiones, baja el sueldo a los funcionarios y desparece el cheque bebé, entre otras medidas. Adiós a su programa electoral.

Fue la fecha que marcó un antes y un después en la era Zapatero. En poco más de tres meses, Mariano Rajoy ha incumplido varias de sus promesas electorales: 

  • Subida de impuestos

30 de Diciembre 2011. Soraya Sáenz de Santamaría, en el segundo Consejo de Ministros del recién estrenado Gobierno del PP, anuncia una importante subida de impuestos.

Durante toda la campaña electoral, Mariano Rajoy negó por activa y por pasiva una subida de tasas. En el debate de investidura insistió: “Mantendré mis compromisos electorales”, dijo.

Pero nada más estrenarse en el Gobierno las subió vía IRPF, con especial incidencia en las rentas más altas. También incrementó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 50% de las viviendas con valor catastral más elevado de cada municipio.

El PP justificó esta medida en la gravedad de la situación y ha destacado que era una medida temporal. Pero cuando ya empezaba a diluirse este incumplimiento, han aparecido otros dos. 

  • Pensiones

19 de Diciembre de 2010. Congreso de los Diputados. Rajoy anuncia en su debate de investidura queactualizará las pensiones, una de las primeras medidas que puso en práctica el nuevo Gobierno.

Pero aunque las pensiones han mejorado, la renta de los pensionistas se ha visto disminuida entre las diferentes subidas de impuestos, las subidas a bienes básicos como la luz el agua o el gas, y ahora con la nueva medida de copago en los medicamentos.

Los pensionistas tendrán que pagar el 10% de la receta y eso, para las asociaciones de mayores se trata de “una vuelta de tuerca más a un colectivo que ha perdido una parte importante de su poder adquisitivo en los últimos años” afirma Luis Martín Pindado, presidente de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados deEspaña (UDP).

"Es la peor forma de bajar las pensiones", dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder socialista.

Además, no hay que olvidar que Rajoy no corrigió la congelación de las pensiones que impuso Zapatero y que tanto criticó. Lo que hizo fue no volver a congelarlas este año.Por ello, los jubilados no han visto reconocida en su pensión de este año el 2.9% de revalorización que se les negó el año pasado. 

Esta cifra corresponde a la inflación que se registró en noviembre de 2011 y es la que siempre se actualiza para revalorizar las pensiones. El Gobierno no reconoció esta subida y lo que hizo fue subirles un 1%, pero con cargo a este ejercicio. 

  • Copago

18 abril de 2012. México. El Gobierno filtra desde el otro lado del charco que se plantea acabar con la gratuidad de los medicamentos a los pensionistas. Horas después se confirma.

Cuando estaba en la oposición, el PP negaba la mayor respecto al copago. De hecho, el pasado mes de marzo Mariano Rajoy decía : “No soy partidario del copago en la sanidad”.

Es más, ante la decisión de la Generalitat de cobrar un euro por receta, el presidente del Gobierno aseguraba este “asunto” no está “sobre la mesa”. Mañana ya será una realidad en la mesa del Consejo de Ministros.

Sus palabras se las ha llevado el viento tan solo un mes después. La nueva medida que obliga a los pensionistas a pagar un 10% de los medicamentos supone establecer el copago farmacéutico.

El copago es un pago adicional que el beneficiario debe hacer para usar un servicio, más allá de los aportes que realiza.Todos los asalariados, pensionistas y parados contribuimos a través de nuestras cotizaciones sociales a la Seguridad Social y con ellas se financia la asistencia sanitaria y farmacéutica.

Donde, por ahora, no habrá copago es en los servicios sanitarios, como se encargaba de destacar ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato. “No va a haber ningún tipo de copago sanitario” porque “la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita para todos los españoles”.



Visto en La Información

La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el ‘caso Gürtel’

El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.



Visto en El País

Metro contrata a un hijo del portavoz de Transportes del PP

La empresa pública Metro cambia a un conductor por un directivo. El fichaje de Roberto Cabrera tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva, pasando de casi un centenar a 55 miembros, y de la llegada del consejero de Transportes, Pablo Cavero, que accedió al cargo el 25 de enero.

Previamente, el suburbano también había reducido a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios, limitándose así la capacidad de fiscalización y control de las decisiones de Metro. Roberto Cabrera figura como adjunto al Director de Marketing de la compañía.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con este diputado del PP, José Cabrera Orellana, que no ha querido hacer ningún comentario. A través de su grupo parlamentario, asegura que “no ha influido en la contratación”, que su hijo es un “profesional independiente” y que cuenta con un “currículum suficiente” como para ocupar ese puesto de trabajo en la compañía Metro.

Nepotismo, según el PSOE

Como un “claro caso de nepotismo” interpreta el PSOE este asunto. Según el portavoz socialista en la Comisión de Transportes, José Manuel Franco, “se trata de un caso de nepotismo en cualquier momento, pero más con esta crisis tan grave y con las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a un puesto de trabajo, que esta persona acceda (a Metro) no deja de ser un auténtico escándalo tras una brutal subida de las tarifas del transporte público”. “La eliminación de los sindicatos del consejo de administración de Metro favorece la opacidad y pone un velo para tratar de ocultar estas y otras maniobras”, defiende el diputado socialista.

Visto en Cadena Ser